¿Qué es el reto suizo y cómo está regulado en el Ecuador en el marco de proyectos de Asociación Público-Privadas?
El desafío o reto suizo consiste en que, si el proponente privado no presenta la mejor oferta dentro del concurso público, éste tendría la posibilidad de igualarla y adjudicarse el contrato.
A través de contribuciones especializadas que provienen de expertos legales en inversión, operadores del sector privado, académicos, funcionarios gubernamentales y otros profesionales que asesoran o administran en materia APP, el Banco Mundial presentó un reporte de la situación de las APP en 140 países: “Benchmarking 2020 Infraestructure Development – Assesing Regulatory to Prepare, Procure, and Manage PPPs and Traditional Public Investment in Infrastructure Projects”, este reporte presenta información que da cuenta de que en el mundo son cada vez menos países los que permiten el reto suizo (Ecuador antes del Decreto 1190, Perú, Colombia, Tanzania, Zambia, Nigeria, Sierra Leona, entre otros), datos que evidencian que esta es una práctica desechada por la mayoría de los países del mundo por ser una práctica restrictiva de la competencia.
José Luis Guasch, ex Jefe de la Unidad de Expertos Globales en APPs del Banco Mundial advierte que en los países que permiten el Swiss challenge, el número promedio de oferentes dentro de los procesos licitatorios ha sido de aproximadamente 1,3 y el proponente privado se adjudicó el proyecto en el 95% de los casos, en contraste, los países sin Swiss challenge han tenido aproximadamente 2,3 oferentes en promedio, y solo en el 50% de los casos el proyecto fue ganado por el proponente privado. En suma, el Swiss challenge es un mecanismo inconveniente para recompensar a los proponentes privados, si los gobiernos se preocupan por la competencia y la transparencia.
Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la competencia es un factor clave para asegurar la transferencia del efectiva del riesgo que caracteriza a las APP, cuando un proponente privado no enfrenta competencia dentro del concurso público tiene incentivos para no ofrecer una buena relación calidad-precio y el Estado no tiene otra opción que adjudicarle el contrato APP; hecho que no solo afecta el valor por dinero del proyecto, sino que puede incluso anularlo.
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