Las brechas de infraestructura representan un desafío crucial para el desarrollo sostenible, las necesidades insatisfechas por falta de recursos públicos impactan negativamente en la calidad de vida de la población y limitan tanto el crecimiento económico, la generación de empleo, así como la competitividad de los sectores productivos.

Según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado «La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe: estimación de las necesidades de inversión hasta 2030 para progresar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible», se estima que Ecuador necesita 71.950 millones de dólares para cerrar las brechas en diversos sectores hasta el 2030 y abarca sectores como el agua potable y el saneamiento hasta el transporte y la conectividad digital.

Frente a las restricciones fiscales, las Asociaciones Público-Privadas (APP) se posicionan como una herramienta fundamental para movilizar el capital privado necesario e impulsar el desarrollo de proyectos públicos con participación privada. Las APP ofrecen un modelo de colaboración entre el sector público y privado bajo un moderno marco legal que brinda predictibilidad y seguridad jurídica a los inversionistas y financistas, bajo mejores prácticas internacionales.

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